Abogada especialista en Delitos informáticos en Barcelona

Los delitos informáticos son conductas ilícitas que se cometen mediante el uso de tecnologías de la información o sistemas informáticos como medio principal, o bien tienen como objetivo dañar, alterar o acceder de forma indebida a estos sistemas. Este tipo de delitos han ganado importancia con el auge de la digitalización, y su regulación está prevista tanto en el Código Penal español como en el ámbito internacional, a través de instrumentos como el Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, también conocido como el Convenio de Budapest, que España ratificó en 2010. Este tratado internacional busca la armonización legislativa y la cooperación entre países para combatir de manera más efectiva los crímenes en el ciberespacio.

En el ordenamiento jurídico español, los delitos informáticos están principalmente regulados en el Título XIII bis del Código Penal, que se introdujo para abordar las necesidades específicas de este ámbito. Existen diversos tipos de delitos informáticos, entre los que se destacan:

Uno de los más comunes es el acceso ilícito a sistemas informáticos, contemplado en el artículo 197 bis. Esta conducta se refiere a la intrusión en redes, servidores u ordenadores sin autorización. Puede conllevar penas de prisión de seis meses a dos años, que aumentan si el acceso implica la obtención o manipulación de datos sensibles.

Otro delito frecuente es el daño informático, regulado en el artículo 264 del Código Penal. Esto incluye acciones como la alteración, destrucción o inutilización de datos, programas o sistemas informáticos. Las penas varían según la gravedad del daño, con sanciones que oscilan entre seis meses y tres años de prisión, pudiendo agravarse si afecta infraestructuras críticas.

El phishing y la estafa informática también tienen gran relevancia. Según el artículo 248.2, se considera estafa cualquier acción que, utilizando dispositivos electrónicos, induzca a error para obtener beneficios económicos indebidos. Estas acciones pueden castigarse con penas de prisión de uno a seis años y multas de seis a doce meses, dependiendo del valor de lo sustraído y otros factores agravantes.

Asimismo, se encuentran regulados los delitos contra la privacidad, especialmente el acceso y la difusión de datos personales sin consentimiento, protegidos por el artículo 197. Estos delitos pueden incluir desde la obtención ilícita de información privada hasta la divulgación de datos íntimos, y las penas pueden variar desde uno hasta cuatro años de prisión, dependiendo del alcance del perjuicio causado.

Un tipo emergente de ciberdelincuencia es el ciberacoso, muchas veces relacionado con el ámbito de las redes sociales y las plataformas digitales. Aunque el Código Penal no tiene un artículo específico para esta conducta, suele enmarcarse en los delitos de amenazas, coacciones o injurias, con sanciones que van desde multas hasta penas de prisión según la gravedad de los actos y la reiteración de los mismos.

Por último, el ciberterrorismo y los ataques a infraestructuras críticas constituyen una de las formas más graves de delitos informáticos. Estos actos, regulados en el artículo 573 bis, se consideran formas de terrorismo y pueden conllevar penas de prisión superiores a los cinco años, dependiendo del daño causado y el alcance de la amenaza a la seguridad nacional.

La importancia del Convenio de Budapest radica en su papel como marco de referencia para establecer normas comunes y fomentar la cooperación internacional en la lucha contra estos delitos. Este convenio obliga a los Estados firmantes a tipificar en sus legislaciones nacionales una serie de delitos, como el acceso ilegal a sistemas, la interceptación ilícita de comunicaciones, el daño a datos o programas informáticos, y el uso fraudulento de dispositivos. Además, establece mecanismos para agilizar la cooperación transfronteriza, algo esencial en un mundo donde las fronteras físicas no existen para los ciberdelincuentes.

¿Cuál es la pena por ciberdelincuencia?

La ciberdelincuencia engloba una variedad de actos ilícitos cometidos a través de medios informáticos, y las penas asociadas dependen de la naturaleza y gravedad del delito. Como abogada especializada en este ámbito, puedo explicarte cómo se sancionan estas conductas en nuestro sistema jurídico.

Por ejemplo, el acceso no autorizado a sistemas informáticos, como entrar sin permiso a redes protegidas, está penado con prisión de seis meses a dos años. Si además se obtienen o manipulan datos sensibles, la pena puede agravarse. Otro caso habitual es el daño informático, que implica destruir, alterar o inutilizar datos o sistemas. Este delito puede castigarse con penas de prisión de seis meses a tres años, aunque se endurecen si el daño afecta a infraestructuras críticas.

En cuanto a las estafas informáticas, como manipular sistemas para realizar transferencias económicas indebidas, las sanciones oscilan entre uno y seis años de prisión, dependiendo del perjuicio económico causado. También está penado el uso de programas diseñados para cometer estos delitos, con penas de seis meses a dos años de prisión o multas económicas significativas.

Además, los casos relacionados con ciberacoso, violaciones de privacidad o extorsión mediante medios digitales también pueden llevar a penas de prisión, multas o ambas, dependiendo de la gravedad y el impacto en las víctimas. Cuando estas conductas son parte de actividades organizadas, como en el caso de grupos criminales, las penas pueden incrementarse considerablemente.

La legislación española ha evolucionado para hacer frente a estas amenazas, y mi trabajo como abogada es garantizar que, ya sea como víctima o acusado, tus derechos estén protegidos durante todo el proceso. Mi experiencia me permite abordar estos casos con rigor y asegurar una defensa adaptada a cada situación.

Como abogada especializada en ciberdelincuencia en Barcelona, estoy aquí para ayudarte a identificar cuándo es esencial contar con mi asesoramiento. En un mundo cada vez más digital, los riesgos asociados a las tecnologías de la información han crecido exponencialmente, y saber cuándo necesitas apoyo legal especializado puede marcar la diferencia.

Necesitas mi ayuda si has sido víctima de un delito informático, como estafas en línea, por ejemplo, el phishing, en el que tus datos personales o financieros han sido robados para cometer fraudes. También si detectas un acceso no autorizado a tus sistemas, como el hackeo de tus cuentas o dispositivos, que compromete tu información personal o profesional.

Otra situación en la que puedo intervenir es si estás siendo acosado o amenazado en línea, algo que lamentablemente se ha vuelto común con el auge de las redes sociales y plataformas de mensajería. Además, si te han afectado delitos contra la privacidad, como la difusión no consentida de imágenes íntimas, es fundamental actuar legalmente para detener la circulación de ese material y responsabilizar a quienes lo hayan compartido.

También es importante contar conmigo si te enfrentas a una acusación de ciberdelincuencia o estás siendo investigado por un posible delito informático. En estos casos, necesitas una defensa sólida que conozca las particularidades del entorno digital y pueda garantizar que tus derechos sean respetados durante todo el proceso.

Mi trabajo consiste en realizar un análisis exhaustivo de tu situación, proporcionarte asesoramiento personalizado y representarte en todas las etapas del procedimiento legal. La ciberdelincuencia es un área del derecho que requiere no solo conocimiento técnico, sino también una actualización constante para adaptarse a los nuevos desafíos que presenta el mundo digital.

Si estás atravesando alguna de estas circunstancias o necesitas orientación sobre cómo protegerte frente a riesgos en el entorno digital, no dudes en contactarme. Estoy aquí para defender tus derechos y ayudarte a resolver cualquier problema legal relacionado con delitos informáticos en Barcelona.

En realidad, el delito informático no es un único delito tipificado como tal en el Código Penal. Más bien, es una forma de cometer distintos delitos utilizando medios tecnológicos o entornos digitales. Por ejemplo, una estafa hecha por WhatsApp sigue siendo una estafa, pero su comisión online la convierte en un ciberdelito. Lo mismo ocurre con la suplantación de identidad, el acoso o la difusión de imágenes íntimas: el canal digital es el medio, no el delito en sí.

Los más comunes son:

• Estafas online (phishing, fraudes en ventas, criptomonedas)

• Ciberacoso (amenazas o mensajes repetidos e intimidatorios)

• Injurias o calumnias en redes sociales

• Suplantación de identidad

• Acceso o difusión de conversaciones privadas o imágenes íntimas sin consentimiento

• Acceso ilícito a sistemas o bases de datos

• Difusión de malware o daños a sistemas informáticos

Es clave guardar todo lo posible: capturas de pantalla, conversaciones, correos, enlaces, perfiles implicados, mensajes, e incluso informes técnicos si los tienes. Siempre que se pueda, hay que evitar borrar el contenido, y dejar constancia de la hora y fecha. Como abogada penalista, puedo ayudarte a recopilar estas pruebas de forma válida.

Sí. Muchas personas no saben quién es el autor, especialmente si hay perfiles falsos o cuentas anónimas. Aun así, se puede iniciar una investigación. La policía o el juzgado pueden pedir datos a plataformas, operadoras o redes sociales para identificar al responsable.

El plazo para denunciar depende del delito que se haya cometido. Por ejemplo, una estafa suele prescribir a los 5 años desde que se cometió. Pero si el daño continúa (por ejemplo, si siguen difundiendo contenido íntimo), el plazo empieza a contar desde la última acción. Lo recomendable es denunciar cuanto antes, porque con el tiempo puede ser más difícil conseguir pruebas.

Depende del delito concreto, pero pueden ir desde multas y antecedentes penales hasta penas de prisión. Por ejemplo:

• Estafa online: hasta 6 años de cárcel, según el importe defraudado

• Descubrimiento y revelación de secretos: de 1 a 5 años de prisión

• Amenazas o coacciones por medios digitales: entre 6 meses y 2 años

• Daños informáticos: entre 6 meses y 3 años, dependiendo del perjuicio

Sí. Si el ciberdelito ha causado daño económico, moral o psicológico, puedes reclamar una compensación. Como abogada, me encargo de incorporar esa reclamación al proceso penal para que, si hay condena, también te indemnicen por el perjuicio sufrido.